Transgénicos, la discusión que se viene….

La preocupación por la introducción y los efectos de los cultivos genéticamente modificados ha ido creciendo en la última década, tanto en Chile como en el resto del mundo. Sin embargo, en nuestro país el debate en torno a este tema es débil y la información se ha mantenido en el mayor de los secretismos, mientras que en nuestros campos ha aumentado de manera sostenida la superficie de plantas transgénicas cultivadas para la producción de semillas, llegando en la actualidad a cerca de 30.000 hectáreas distribuidas en distintas regiones.

A la falta de información pública, ahora se deben añadir claras señales de parte del gobierno en abierto apoyo a la proliferación de transgénicos, tanto así que Piñera lo explicita y lo integra a su programa de gobierno. En este marco se inscriben las declaraciones del ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, efectuadas en julio, en el sentido que desde el Ejecutivo se trabaja en la elaboración de un marco jurídico que permita el desarrollo de vegetales genéticamente modificados “en condiciones seguras”. Así, se pasó de una situación ambigua en el gobierno precedente, en el que existían opiniones divididas y por lo tanto nunca se adoptó una postura definitiva, a una posición de claro apoyo al desarrollo de este tipo de tecnologías desde el Ejecutivo, saltándose el necesario debate abierto e informado. Si bien el actual gobierno ha expresado una clara posición a favor de los transgénicos, esta no es una discusión zanjada; es deber de las autoridades garantizar el bienestar de toda la población, y por lo tanto posibilitar el desarrollo de todo tipo de actividades  económicas, considerando todas las posiciones en el debate.

Por otra parte el año 2002 Chile suscribió el Protocolo de Bioseguridad, que emana de la Convención de Biodiversidad, pero aún está pendiente su ratificación. Esto reviste un problema pues, debido a la no ratificación de este compromiso suscrito por el país, el Estado chileno no tiene aún la obligación de establecer mecanismo para realizar el seguimiento y exigir identificación y separación en origen de los insumos y/o productos transgénicos que ingresan al país, cuestión que facilitaría el seguimiento, rotulación e identificación de productos que contengan elementos transgénicos. Pero, al igual que los gobiernos anteriores, hasta ahora el Ejecutivo no se ha manifestado en relación a la ratificación del Protocolo de Bioseguridad.

Un tema relacionado a este, es el proyecto de ley que regula los derechos de obtenciones vegetales y que se encuentra actualmente radicado en el Senado, después de haber siso aprobado en primer trámite legislativo por la Cámara de Diputados a fines de 2009. Este es un compromiso asumido por el Estado de Chile en el marco del TLC con EE.UU. y que ha sembrado la alarma en los pequeños campesinos que ven en él una amenaza para sus prácticas tradicionales. Hasta ahora, el actual gobierno no ha impulsado la tramitación de esta iniciativa, sin embargo se espera que en cualquier momento se reanude el trámite en el Senado, lo que obligará al gobierno a tomar una posición y/o subsanar los problemas que la iniciativa legal presenta.

Extracto de “Piñera y Medioambiente: más incertidumbres que certezas” Departamento de Estudios Fundación Terram – Septiembre 2010, www.terram.cl