Texto: Luis Francisco Sandoval / fco.sandovalg@gmail.com

El verde de las plantaciones contrasta con la severa crisis hídrica que vive la zona, y que obligó al gobierno a declarar Zona de Emergencia Agrícola.
Dos informes de la Dirección General de Aguas, con carácter de preliminares, hacen eco de las denuncias formuladas por pequeños cultivadores de la Provincia de Petorca en contra de grandes empresas agrícolas vinculadas a inversores y políticos nacionales que aterrizaron para invertir en la zona hace más de una década.
Los documentos, de los cuales, hasta ahora, todas las autoridades a nivel regional prefieren guardar distancia, fueron elaborados respecto a los cauces del Río Ligua y los esteros Alicahue y Los Ángeles, en las comunas de Cabildo y Petorca, y constatarían la construcción de drenes ilegales que alimentan pozos y microembalses de grandes empresas.
“La situación es como la gente (agricultores locales que denunciaron los hechos) lo dice, aunque no podemos ratificar nombres mientras no termine el último estudio y se fundamente qué es lo que hay a través de la entidad pertinente”, comentó, escuetamente, el gobernador de Petorca, Gonzalo Miquel.  “La justicia tendrá que resolver”, agregó.
La fiscalización está firmada por la ingeniera María Inés Cartes, profesional de la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente del organismo regional, y menciona las graves irregularidades en las que habrían incurrido políticos y empresarios que ocuparon altos cargos a nivel gubernamental.
La diputada por el Distrito 10, Andrea Molina, señaló que “dejaremos que la justicia haga lo que tenga que hacer, y luego veré, como legisladora, cuáles son mis acciones a seguir. Eso vendrá en el momento que corresponde: hasta ahora tenemos un informe y una entrega de oficios”.

Peor que la sequía

En la imagen, la camioneta de fondo da cuenta de la imponente edificación que, según los pequeños productores locales, habría sido llenada con la extracción ilegal.
Los informes, hasta ahora desconocidos y a los que tuvo acceso Puranoticia.cl, precisan una serie de faltas a la normativa vigente en las comunas de Cabildo y Petorca.  En  los documentos, la más grave sería la ejecutada por la Agrícola Petorca, propiedad de Ignacio Álamos, cuñado del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma.
De acuerdo al reporte de la DGA, la empresa de Álamos habría ejecutado un dren ilegal en el cauce del río, que alimentaría una decena de pozos y tres microembalses. Una de las imágenes captadas durante el recorrido muestra el colosal emplazamiento de un tranque, en medio de una zona que debió ser declarada Zona de Emergencia Agrícola a raíz de la sequía.
Fuentes vinculadas a la causa confidenciaron a Puranoticia.cl que, incluso, uno de los administradores de las empresas denunciadas, la Agrícola Chalaco, es presidente de la Junta de Vigilancia del Río Petorca. Sus empleadores aparecen mencionados en el informe por la construcción de un dren en el cauce del río, y que permite alimentar otros dos pozos.
Rodrigo Cuevas, concejal de Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica a nivel nacional, afirma que la sequía ha tenido un impacto menor en la zona, en relación a la extracción ilegal de aguas ejecutadas por las grandes empresas agrícolas de la zona.
“La sequía sólo ha venido a acentuar la problemática. Gracias a lo que los empresarios hicieron, toda la agricultora del Valle de Petorca se murió”, sostiene el edil, quien precisa que son más de mil quinientas las familias afectadas por el inescrupuloso caso de los drenes ilegales en la Provincia interior de la Región de Valparaíso.
Agua perdida

Pozos y microembalses, presuntamente ilegales, desvían el curso del agua hacia las plantaciones de las grandes exportadoras.
“La sequía no hace tanto daño como los robos, si agua hay, todos los días es lo mismo”, detalla un parcelero del sector de San José, en Cabildo. “Hemos intentado denunciar el hecho, pero es difícil. Un abogado te cobra una millonada, nadie se atreve a ser testigo. Y la municipalidad está vinculada con la familia Cerda (empresarios agrícolas de la zona), tampoco nos tomarían en cuenta”, agrega.
El temor a no ser escuchado no es gratuito: Adrián Pintos Paoli, otro de los empresarios involucrados en las irregularidades, es cuñado del alcalde de Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros, y yerno del diputado Eduardo Cerda García, otro de los mencionados por la DGA.
Agricultores de las comunas interiores dan cuenta de la gravedad de la situación, cifrando en más del 70% el agua que sería desviada del suministro a las plantaciones de los pequeños productores.
“Cada agricultor tiene una hora y media cada cinco días para regar. Riegas un rato y se corta el agua. Si uno  caminara hasta encontrar dónde se corta el agua, perdería el turno, porque deja de pasar dos kilómetros antes”, dice el cultivador. “Los empresarios hacen compuertas, roban el agua de los canales de regadío y no te dejan entrar a ver dónde se pierde”, añade.
Osvaldo Junemann es uno de los más cuestionados por los pequeños productores. Según el informe, las faltas de Junemann corresponden a 42 pozos y 9 microembalses recién construidos. Otro cultivador cabildano expone que “es un tranque inmenso, de al menos tres hectáreas. Está hecho justo por donde pasa el canal, y donde se pierde el agua”.
Deberán responder

La cuenca del Río Ligua, en Petorca.
Según la DGA, Juan Ruíz Tagle, ex presidente de la Federación Gremial de Productores de Frutas, y el ex intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, también estarían implicados en el caso, que adquirió relevancia por las acusaciones en contra del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma. El ex jefe de Gabinete de la administración Bachelet negó las denuncias de forma categórica, aunque los productores locales lo desmienten con la misma fuerza.
Ahora, luego de recibir las notificaciones correspondientes, los mencionados en los informes deberán explicar y detallar si mantenían derechos de aguas sobre los terrenos fiscalizados. De confirmarse su participación en los hechos, los infractores se exponen a penas de presidio menor en su grado mínimo y multas de hasta 20 UTM.

fuente : http://sinfronteras.lacoctelera.net/post/2011/03/11/exclusivo-informe-dga-politicos-y-grandes-empresarios