CAIMANES.- Comuneros de Caimanes, provincia del Choapa, Región de Coquimbo, cumplirán en breve dos meses en huelga de hambre, en protesta por la contaminación en el valle del Pupío, provocada por la minera Los Pelambres, del Grupo Luksic, uno de los más poderosos de Chile.
En algunos casos, la situación de los ayunantes es crítica, dado que sufren serios mareos, alucinaciones, pérdida de vista y fuertes dolores de estómago. Incluso este viernes dos de ellos (Ester González y Claudio Villalobos) fueron trasladados al Hospital de Illapel, debido a una severa descompensación.
Desde que iniciaron la protesta, el pasado 27 de septiembre, en la sede del Colegio de Profesores de Illapel, capital de la Provincia del Choapa, los ayunantes –ocho hombres y tres mujeres– no han recibido visitas de médicos y mucho menos de autoridades.
El vocero del Comité de Defensa de Caimanes, Cristián Flores, señala que la protesta se debe a que su pueblo “está en serio riesgo de desaparecer ante el posible derrumbe del tranque de relave El Mauro”, que se ubica a 8 kilómetros en línea recta al pueblo de Caimanes, cuya población asciende a mil 200 habitantes.
Con sus mil 700 millones de toneladas, dice, el tranque es el depósito tóxico más grande de América Latina. Diariamente, agrega, la minera Los Pelambres deposita ahí 130 mil toneladas de desechos tóxicos que contienen arsénico, molibdeno, plomo, mercurio y cadmio, entre otros minerales altamente nocivos para la salud y el medio ambiente.
Pelambres es una mina a tajo abierto, ubicada cerca de la frontera con Argentina, en las altas cumbres cordilleranas, a 250 kilómetros al noreste de Santiago. La mina produce cobre, molibdeno, oro y plata.
Desde que comenzó a funcionar, hace una década, ha generado una inmensa cantidad de desechos tóxicos que se han ido depositando en distintos valles del Choapa. Y como la producción se incrementó a pasos agigantados en la última década, en 2001 la minera impulsó la construcción del tranque El Mauro
Pelambres produce 200 mil toneladas de cobre, con ganancias superiores a los 2 mil millones de dólares anuales, de manera que para poder construir su tranque en El Mauro, los Luksic desalojaron –mediante una compra engañosa realizada en 2001– a sus habitantes.
El Mauro es un valle de 17 mil hectáreas rodeado de altas montañas, con acuíferos subterráneos que alimentaban bosques de canelos y avellanos, y una agricultura y ganadería familiar. También surtía de agua al valle del río Pupío.
Sin contar con los permisos ambientales correspondientes, los Luksic comenzaron en 2005 la construcción de una cortina de arena de 270 metros de altura y 70 metros de profundidad, cuyo objetivo sería retener en El Mauro los desechos mineros de Pelambres, que está a 60 kilómetros de distancia. Ello implicó el bloqueo de las aguas subterráneas y superficiales, por lo que dejaron sin el líquido a todo el valle del Pupío.
Al respecto, Cristián Flores dice: “Ya no contamos con agua y tenemos el peligro permanente de que este tranque de relave se pueda venir abajo. También nos contaminaron el aire, nos contaminaron la tierra, entonces, ¿qué futuro nosotros tenemos en nuestro pueblo si nos quitaron los tres elementos básicos para sobrevivir? Definitivamente nuestro valle está destinado a desaparecer”.
No obstante, añade, “nosotros vamos a seguir la lucha, vamos a dar la pelea hasta el final, vamos a luchar de cualquier forma, pero nuestro objetivo hay que cumplirlo, porque nuestro pueblo no puede estar corriendo un peligro de muerte”.
Además, el vocero de los caimaninos ha pedido al gobierno chileno, encabezado por Sebastián Piñera, que se haga responsable de la salud de las personas afectadas por la minera Los Pelambres.
Es importante señalar que durante la construcción del mencionado tranque se destruyeron 160 petroglifos y otros sitios de alto valor arqueológico. Y, según el arqueólogo Patricio Bustamante, Pelambres provocó en El Mauro el mayor daño patrimonial en la historia de Chile.
A pesar de que El Mauro era la zona más abundante de agua, en la semidesértica provincia de Choapa, la Dirección General de Aguas, mediante Resolución Nº 1791 del 30 de noviembre de 2005, autorizó su construcción.
Eso ocurrió en las postrimerías del gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), quien en todo momento apoyó la construcción del tranque. En 2004, Lagos dio a Pelambres el Premio Nacional a la Calidad Empresarial porque, según dijo entonces, la minera “posee un sistema de responsabilidad social que da cuenta de su compromiso con la comunidad local, nacional y mundial en la forma de gestionar sus negocios”.
En julio de 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de reclamación realizado por los habitantes de Caimanes.
Dicho Tribunal estimó, en su considerando número 82, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas violó la ley al autorizar la construcción de dicho tranque, puesto que “la prudencia más elemental aconseja, según el parecer de esta Corte, desestimar un proyecto que, para ser concretado, conllevará todo el daño que se ha hecho ver altamente en la cuenca geográfica de que se trata, ubicada en una cadena montañosa y enclavado dicho proyecto precisamente por donde se desplazan y manan de modo natural las aguas de que se abastece y beneficia tan amplio sector geográfico del país”.
La Corte de Apelaciones cuestionó también el hecho que la mencionada minera no tuviera un plan de cierre del tranque, una vez que sus faenas estuvieran concluidas.
Según Flores, después que la Corte de Apelaciones les dio este triunfo, “inexplicablemente” el entonces abogado de los caimaninos, Fernando Dougnac, comenzó a promover “a espaldas del pueblo un arreglo económico con la minera, a fin de que desistiéramos de la demanda”.
El jurista, dice Flores, “convenció a los dirigentes de la comunidad para que aceptaran una compensación por parte de Pelambres. Les dijo que ‘de lo contrario perderían pan y pedazo’”. Los dirigentes de aquel entonces aceptaron recibir una compensación de 5 millones de dólares, dinero que no han podido cobrar, porque los actuales dirigentes de Caimanes impugnaron judicialmente dicho acuerdo.
Dougnac, que encabeza la organización no gubernamental Fiscalía del Medioambiente, recibió tres millones de dólares, mientras que Víctor Ugarte, dueño de los fundos Romero y Tipay (colindantes al Mauro), recibió 18 millones de dólares.
Debido a esta negociación, los Luksic pudieron continuar con la construcción del tranque, que fue concluido a fines de 2008.
Pero como es tanto el material que diariamente se deposita en El Mauro (130 mil toneladas), prontamente alcanzará el máximo de su capacidad.
“Lo más dramático es que, aunque dejara de depositarse en él materiales de desecho, éste se seguirá llenando, dado que en su base brotan aguas subterráneas”, apunta Flores.
Además, agrega, debido a lo anterior “el tranque se ha convertido en una bomba de tiempo que pronto explotará sobre nosotros”.
Los vecinos de Caimanes estiman que en caso de cualquier terremoto de mediana intensidad, el tranque colapsará. Y dada su cercanía con la comunidad, no habrá tiempo de escapar. En este sentido, es importante considerar que Chile es uno de los países más sísmicos del planeta.
Flores expresa que su objetivo final es que la minera de los Luksic “se largue de nuestros valles y que pague por todo el daño provocado”. Sin embargo, agrega, “ningún dinero del mundo podrá devolvernos la felicidad y la paz perdida desde que llegaron los Luksic a nuestra tierra. Ellos trajeron la destrucción, la maldad y la muerte”.
BLOQUEO INFORMATIVO
La situación de los tranques de relave minero afecta a un gran conjunto de comunidades del norte chileno.
Sólo en la Región de Coquimbo, en la que se ubica la provincia del Choapa, existen más de 800 tranques de relave, en tanto que en Illapel, capital del Choapa, hay 70, muchos de los cuales pertenecen a minas que ya terminaron su labor productiva.
Además, ninguno de ellos tiene plan de cierre, por lo que siguen y seguirán contaminando perpetuamente las aguas que riegan los valles y de las que beben personas y animales.
Esta situación había permanecido alejada del debate público, hasta que CNN Chile emitió un extenso reportaje, el pasado18 de octubre, en el que abordó la problemática de los tranques de relaves ubicados en las cabeceras de numerosas cuencas hidrográficas.
Debido al impacto que causó la noticia, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles 10 de noviembre crear una comisión investigadora sobre el tema de los depósitos mineros.
Pero aunque el tema ha ido tomando fuerza, la problemática específica de El Mauro y de la huelga de hambre ha sido casi completamente ignorada por los medios de comunicación y por las autoridades políticas, y ni siquiera la prolongada huelga de hambre, iniciada el 27 de septiembre, ha podido cambiar esta situación.
Para vencer esa censura, tres decenas de caimaninos viajaron al Congreso Nacional donde el pasado miércoles 17 se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda.
En esa ocasión, y dada la gravedad de las denuncias, Sepúlveda ofreció una visita a los huelguistas y a Caimanes para el lunes 22, y dijo que se comunicaría con los ministros de Interior y de Salud, Rodrigo Hinzpeter y Jaime Mañalich, respectivamente, a fin de que intervengan en favor de los afectados por la minera.
Un día después del encuentro con la diputada, los comuneros de Caimanes se reunieron en Santiago con el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, a quien le solicitaron intercediera ante los medios de comunicación para que pudieran dar a conocer sus aflicciones.
En respuesta, Castillo les dijo que actualmente “en Chile estamos viviendo como en la dictadura, cuando teníamos que escuchar (por onda corta) Radio Moscú para enterarnos de lo que sucedía en nuestro propio país”.
Hasta el momento, el gobierno ha evitado referirse a la huelga que desde hace casi dos meses mantienen los comuneros afectados. Su principal intervención en torno del tema la hizo el gobernador de Choapa, Iván Cisternas, quien el 22 de octubre pasado interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Coquimbo, para alimentar forzadamente a los huelguistas en caso de que su salud lo requiera.
La Corte rechazó el viernes 19 dicho recurso.
Por Francisco Marín
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