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jueves, 9 de junio de 2011

Privatización de las Semillas (Upov-91) puede ser frenada en Tribunal Constitucional

El proyecto que busca privatizar las semillas puede ser detenido por la acción coordinada de ciudadanos y parlamentarios.  “El plazo para presentar opiniones por escrito y para pedir ser oído en audiencia pública, se abre hoy y termina el 15 de junio de 2011 a las 12:00 horas”, dijo el legislador del MAS, Alejandro Navarro.

Como “una victoria inicial, pero gran victoria ciudadana”, calificó el senador Alejandro Navarro, “la admisibilidad decretada hoy por el Tribunal Constitucional al requerimiento suscrito por 17 senadores en contra el Upov–91, tratado internacional que fortalece desproporcionadamente los derechos del obtentor vegetal, es decir, de las personas que se apropien de semillas mejoradas, en contra de los pequeños agricultores e indígenas”, explicó el parlamentario.

El legislador, principal promotor de la iniciativa presentada ante el TC, indicó que “ahora debatiremos el tratado en juicio, por lo que hago un llamado a todas las ONG’s que se oponen al Upov-91, a la privatización abusiva de las semillas, a los monocultivos, a la propiedad sobre semillas ancestrales; a los campesinos, a quienes intercambian semillas, a los pueblos indígenas, a los centros de alumnos de agronomía y a los expertos en la materia, a que vayan al Tribunal Constitucional, a llegar sus informes, posiciones, opiniones y consideraciones respecto a la medida. Este debe ser un movimiento ciudadano contra el Upov”.
Navarro detalló que “el plazo para presentar opiniones por escrito, y para pedir ser oído en audiencia pública, se abre hoy y termina el 15 de junio de 2011 a las 12:00 horas, y que los alegatos para quien quiera asistir se producirán en la misma fecha”.

El presidente del MAS, señaló que “el Tribunal Constitucional señaló que este requerimiento satisface todos los requisitos para ser conocido y juzgado. A nuestro juicio, hay inconstitucionalidades de fondo que ameritan que el tribunal ponga orden, pues los tratados deben respetar la Constitución, y mucho más los derechos de las personas a la propiedad, a la igualdad y al medioambiente. Este tratado atenta contra estos derechos y por ende no se puede aprobar con trampa, saltándose el orden jurídico interno”.

Además reiteró al presidente Piñera “que congele el proyecto que aplica el Upov-91, que está en el Senado, pues él le puso urgencia legislativa, y sólo él, de acuerdo a la Constitución, se la puede quitar”.
Cabe destacar que los senadores Rincón, Quintana, Horvath, Bianchi, Letelier, Rossi, Allende, Pizarro, Gómez, Ruiz Esquide, Alvear, Escalona, Muñoz Aburto, Patricio Walker, Girardi y Lagos fueron los legisladores que respaldaron la iniciativa de Navarro, de recurrir al Tribunal Constitucional, y en conjunto hicieron la presentación en contra la medida.

Fuente: El Ciudadano

domingo, 5 de junio de 2011

Monsanto y Erick Von Baer presenta recurso que impide informar sobre cultivos de Transgénicos

En las próximas semanas el tribunal deberá decidir si acoge el recurso que busca impedir que se haga pública la ubicación de los terrenos se desarrollan este tipo de productos.

Una de las empresas productoras de transgénicos en Chile, pidió suspender la sesión programada para hoy en la 3era Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que definiría si es viable el recurso de ilegalidad presentado en contra de la resolución del Consejo Para la Transparencia, que obliga al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a transparentar la ubicación de los cultivos de estas semillas en nuestro país.

Tras la solicitud, el tribunal de alzada -según comentaron en el organismo que dirige Raúl Urrutia- deberá fijar una nueva audiencia para las próximas dos semanas.
El dictamen del Consejo, fechado el 25 de junio del año pasado, declaró como pública la información relacionada con “la ubicación exacta de cultivo y acopio de semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos”.
Además, al haber rechazado cualquier motivo de secreto o reserva legales, según la resolución, se permite “el control social del procedimiento que utiliza el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para la internación o liberación en nuestro país de los OVM (Organismos Vivos Modificados), así como para su fiscalización”.
Frente a la resolución de la entidad que encabeza Raúl Urrutia, nada menos que 24 -entre ellos Monsanto y Erick Von Baer, padre de la vocera del Gobierno- de las 26 empresas aludidas, optaron por acudir a tribunales para impedir que el SAG haga pública la información de sus cultivos.
Así, reclamaron contra la decisión A165-09 del Consejo de Transparencia: Agrícola Green Seed; Agrícola Winter Seed Limitada; Semillas Tuniche Limitada; Semillas Generación 2000 Limitada; Agrícola Purutun Limitada; Massai Agricultural Services Limitada; Semameris Limitada; Pinto y Gajardo S.A.; Semillas KWS Chile Limitada; CIS Semillas S.A.; Semillas Limagrain de Chile S.A.; Monsanto; Anasac Chile S.A.; Hytech Production Chile S.A.; Sociedad Agrosearch Limitada; Agrícola Oaken Seeds Limitada; Agrícola Huenchuñir y Hueche Limitada; Saprosem S.A.; Mansur Agricultural Service Limitada; y de los Sres. Erick Von Baer Lochow, Juan Francisco Gebauer Burmester y Nilo Lizama Arias.
El pronunciamiento de los tribunales se produce luego de que el Senado aprobara hace pocos días el convenio UPOV91 respecto a propiedad intelectual de las semillas y que el gobierno activara la polémica moción parlamentaria que en 2006 presentaron los senadores Eduardo Frei (DC), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN) y Fernando Flores (ex PPD), que abre la puerta a la comercialización de transgénicos en el país, actividad que hoy está prohibida, pues las empresas sólo pueden realizar cultivo en el territorio nacional.
El senador Antonio Horvath (RN), en su calidad de miembro de la comisión de Medio Ambiente del Senado, ha señalado la necesidad de que la ciudadanía cuente con la información respecto a los cultivos transgénicos.
“Todo lo que se refiere a producción transgénica, tiene que tener un estudio de impacto ambiental, (…) es importante saber dónde se están haciendo porque los que están de vecinos tienen el derecho de saber si los están afectando o no, ya que estas cosas se pueden trasladar de un predio a otro”, estableció el senador.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro (MAS), afirma que “espero que se declare admisible esa resolución, y que el gobierno paralice esto, que es lesivo para la mediana y pequeña agricultura, ya que sólo beneficia a los obtentores vegetales”.


Fuente: eldinamo.cl

viernes, 3 de junio de 2011

Declaraciones de ANAMURI sobre adhesión de MUCECH a Convenio UPOV '91.


Por tres votos contra dos, la Comisión de Agricultura, que preside el senador José García Ruminot, acordó recomendar a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo relativo al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales de diciembre de 1961 y revisado en Ginebra en 1991.

Los senadores José García Ruminot, Juan Antonio Coloma y Carlos Larraín, coincidieron en que este Convenio sólo pertenece a una serie de instrumentos a nivel internacional que apuntan a proteger los derechos de autor y no afectará a los productores nacionales.No obstante, los senadores Ximena Rincón y Jaime Quintana, dejaron constancia en su voto de minoría, de sus críticas a este instrumento internacional ya que, a su juicio, afectará negativamente al mundo agrícola chileno.

Ante estos acontecimientos nos hemos permitido dar copia y difusión a una declaración recientemente publicada por ANAMURI donde queda en evidencia el estupor provocado por la adhesión a la firma de UPOV 91 por parte del representante de MUCECH (Movimiento unitario campesino y etnias de Chile) Orlando Contreras.

La Red Socioambiental de la Región de Valparaíso concuerda con la siguiente Declaración y adhiere a ella.

Declaraciones de ANAMURI sobre adhesión de MUCECH a Convenio UPOV '91.

Con sorpresa no hemos enterado a través de una nota de prensa del Senado que el compañero Orlando Contreras, en su calidad de vicepresidente del MUCECH, habría  entregado su apoyo a la incorporación de Chile al Convenio UPOV 91, convenio, que agrede gravemente el derecho de los campesinos y agricultores al libre uso, intercambio y selección de sus semillas. De acuerdo al boletín de prensa del Senado, el compañero Contreras habría dicho: "existen algunos agricultores que son estafados con las semillas de baja calidad o seudo certificadas y necesitamos certeza jurídica de esa certificación y el convenio UPOV ´91 viene a responder esa necesidad. Hoy la agricultura ha cambiado y el clima también, y se requieren más variedades de semillas resistentes a la sequía y al cambio climático".