Texto: Luis Francisco Sandoval / fco.sandovalg@gmail.com

El verde de las plantaciones contrasta con la severa crisis hídrica que vive la zona, y que obligó al gobierno a declarar Zona de Emergencia Agrícola.
Dos informes de la Dirección General de Aguas, con carácter de preliminares, hacen eco de las denuncias formuladas por pequeños cultivadores de la Provincia de Petorca en contra de grandes empresas agrícolas vinculadas a inversores y políticos nacionales que aterrizaron para invertir en la zona hace más de una década.
Los documentos, de los cuales, hasta ahora, todas las autoridades a nivel regional prefieren guardar distancia, fueron elaborados respecto a los cauces del Río Ligua y los esteros Alicahue y Los Ángeles, en las comunas de Cabildo y Petorca, y constatarían la construcción de drenes ilegales que alimentan pozos y microembalses de grandes empresas.
“La situación es como la gente (agricultores locales que denunciaron los hechos) lo dice, aunque no podemos ratificar nombres mientras no termine el último estudio y se fundamente qué es lo que hay a través de la entidad pertinente”, comentó, escuetamente, el gobernador de Petorca, Gonzalo Miquel.  “La justicia tendrá que resolver”, agregó.
La fiscalización está firmada por la ingeniera María Inés Cartes, profesional de la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente del organismo regional, y menciona las graves irregularidades en las que habrían incurrido políticos y empresarios que ocuparon altos cargos a nivel gubernamental.
La diputada por el Distrito 10, Andrea Molina, señaló que “dejaremos que la justicia haga lo que tenga que hacer, y luego veré, como legisladora, cuáles son mis acciones a seguir. Eso vendrá en el momento que corresponde: hasta ahora tenemos un informe y una entrega de oficios”.