Han transcurrido casi dos meses de que la Dirección General de Aguas (DGA) denunciara la existencia de drenes ilegales con los que políticos-empresarios despojan el agua a campesinos de Petorca. Aún nadie pone coto a esta injusticia.
El citado organismo dio a conocer las irregularidades por medio del informe preliminar N°48 (23 de febrero de 2011) y del informe N°49 (28 de febrero), ambos firmados por María Inés Cartes, ingeniero de la unidad de fiscalización de la DGA. Cartes inspeccionó, en los primeros días de febrero pasado, diversos predios sobre los que pesaban acusaciones de robo de agua. Lo hizo a solicitud del gobernador de Petorca, Gonzalo Miquel, quien actuaba impelido por las repetidas y masivas protestas que durante enero realizaron en La Ligua –capital de Petorca- campesinos empobrecidos.
Cartes –junto a su equipo- pudo verificar una captación ilegal de aguas en el estero Los Ángeles junto al predio El Cóndor, propiedad del ex ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma. Además, “se pudo constatar la modificación del cauce de dicho estero con motivos de la plantación de árboles frutales”.
Pérez Yoma negó a La Tercera (“Las turbulentas aguas en el valle de Petorca”, 7 de marzo) que en su propiedad hayan drenes ilegales. Y acusó al gobernador Miquel de “estar tratando de culpar de una sequía a un grupo pequeño de agricultores”.
En su informe N°48 (de 23 de febrero 2011), la DGA señaló que en el campo Los Graneros, propiedad del cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann, existen “vestigios de la construcción de un posible dren en el cauce del río La Ligua”. El informe contiene declaraciones de agricultores que denuncian que este dren alimentaría a 42 pozos y nueve microembalses, “los que serían abastecidos mediante cañerías que conducen el agua hacia los cerros de propiedad de la misma agrícola”.
La DGA señala que sobre el estero Alicahue pudo observar un pozo y un dren alimentador. Y sostiene que la obra fue hecha por agrícola Liguana, de propiedad del ex intendente Marcelo Trivelli.
Asimismo, en el informe de la DGA del 28 de febrero (N°49) se sostiene que se encontró una captación de aguas subterráneas que tendría vestigios de tener un dren que conduciría aguas hacia un predio del diputado DC, Eduardo Cerda.
Tras los descargos realizados por las empresas cuestionadas, la DGA deberá decidir si procede una acusación. Si fuera este el caso, deberá optar entre presentarla ante un tribunal civil, aduciendo infracciones al código de aguas o recurrir al Ministerio Público para que investigue una eventual usurpación o robo de aguas.
Cabe tener presente que el presidente Sebastián Piñera decretó -9 de febrero- estado de emergencia agrícola, por sequía, en siete comunas de la Región de Valparaíso. Cinco de ellas pertenecen a la provincia Petorca: La Ligua, Cabildo, Papudo (sector Pullally), Petorca y Zapallar (sector Catapilco). Las otras dos comunas son Nogales y Putaendo.
Al anunciar Piñera el estado de emergencia aseguró que la grave sequía se debía al fenómeno de “la Niña”. No aludió al despojo del agua. Sí anunció la entrega de 1.360 millones de pesos que se destinarían a pequeñas obras de riego, abastecimiento de agua, alimentación para el ganado y planes de empleo en el sector agrícola.
Hay que tener presente que en La Ligua, Cabildo y Petorca, se destina el 90% de la superficie cultivada a la producción de paltas. En el 40% de la superficie cultivada los suelos no tienen aptitud de cultivo, fundamentalmente laderas de cerros. La puesta en marcha de actividad productiva en estos lugares supone la extracción y traslado de ingentes cantidades de agua. Parte de ellas se están obteniendo por medios ilícitos como los enunciados en los informes de la DGA. Y, otra, al amparo del Código de Aguas vigente, y de decisiones de la DGA, que ha derivado en la entrega de aguas a grandes empresarios y en el despojo de ellas a los campesinos y a los ecosistemas.
Señalemos que la DGA ha seguido entregando derechos de agua, después que ella misma declarará –el 2004- agotados los ríos Ligua y Petorca.
Es importante señalar que la escasez de agua en Petorca y otras provincias de la Quinta Región es tal, que en muchas zonas ya no queda agua ni para consumo humano. De hecho, en la misma ciudad de La Ligua se está distribuyendo agua en camiones aljibes. Lo mismo ocurre en decenas de pequeñas localidades.
LA PREPOTENCIA
La actual crisis del agua no es un asunto nuevo. En 2008, también se declaró emergencia agrícola por sequía en La Ligua, Cabildo y Petorca. El 28 de enero de aquel año, con el fin de hacer el anuncio de emergencia por sequía, y de la consiguiente liberación de fondos estatales, se hizo un acto en el teatro municipal de Cabildo. La ceremonia estuvo presidida la entonces ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl y por el entonces intendente regional, Iván de La Maza. En el acto habían alcaldes, parlamentarios y otras autoridades locales, provinciales y regionales.
Tras escuchar los anuncios económicos de la ministra, el dirigente campesino Hugo Díaz Tapia habló. Denunció que “el acaparamiento impropio de las aguas de riego en la provincia de Petorca no sólo es responsabilidad de la derecha económica, sino que también de autoridades públicas y militantes de la Concertación, como el empresario agrícola Edmundo Pérez Yoma”.
Pérez Yoma presentó una querella criminal contra Hugo Díaz Tapia ante el Segundo Juzgado de Letras de Garantía de La Ligua (8 de abril de 2008). La acusación: calumnias e injurias graves contra el ministro de Interior. “Las expresiones de Hugo Díaz Tapia trascienden la legítima crítica política y constituyen un delito de calumnia, al atribuirle al Sr. Ministro la comisión de un delito, como es el robo de agua (acusación que es) falsa (…) por lo que ha decidido querellarse, a fin de perseguir la responsabilidad criminal del autor de este grave ilícito”, dice el escrito, según consigna Punto Final (N° 660).
El ministro puso todo el aparato del Estado a su disposición, a pesar de que la acusación no era por su accionar como ministro. Los dos abogados patrocinantes fueron Carlos Chacón Figueroa (Ministerio de Interior) y Héctor Valenzuela Pepe (Gobierno Regional). Los testigos del acusador fueron los democratacristianos Eduardo Cerda Lecaros, alcalde de Cabildo; Eduardo Cerda García, concejal de la misma comuna y ex diputado; Hugo Yavar Oñate, seremi de Agricultura de la V Región y Julio Trigo Araya, gobernador de Petorca. La acción judicial terminó tras alcanzar las partes un acuerdo.
DEROGACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS
Ante la gravedad de los hechos, los campesinos de Petorca se han organizado en el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima). Fruto de sus reclamos y movilizaciones, un grupo de 41 diputados liderados por René Alinco convocaron a una sesión especial de la Cámara de Diputados, la que tratará el problema del agua en Petorca. Esta se realizará el 20 de abril, a las 16 horas. Esta sesión especial será acompañada por unos 400 campesinos quienes viajarán desde el interior de la Región de Valparaíso, hasta el Congreso, con la esperanza de que su clamor pueda ser escuchado. Según sostuvo el tesorero de Modatima, Luis Soto, en entrevista con El Ciudadano, “un elemento vital como el agua no puede venderse y servir para enriquecer a algunos mientras se condena a la gran mayoría de campesinos”.
En lo esencial el Modatima solicita que la DGA realice una real y eficaz fiscalización; que sean clausurados los drenes clandestinos de los ríos Ligua y Petorca; que los créditos que mantienen los pequeños agricultores con el Indap sean condonados ya que las heladas y la sequía impiden cancelarlos; que la DGA no siga concediendo derechos de aguas en cuencas agotadas; que a los comités de agua potable rural se les asegure el agua; y que se derogue el código de aguas.
Recordemos que este Código de Aguas, aprobado en dictadura, en lo sustancial permitió la privatización del agua, acabando con su función social y de mantención de los equilibrios ecológicos.
Por Francisco Marín
